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sábado, 11 de septiembre de 2010
135 AÑOS DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA
11 DE SEPTIEMBRE
1828. Dada la lucha electoral por la Presidencia de la República entre los generales Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza, el general López de Santa Anna, gobernador de Veracruz, toma partido por el primero po lo cual es depuesto por los militares. Ha de dirigirse al Castillo de Perote para soblevarse contra el gobierno de Bustamante el próximo día 16.
1829. Dadas las capitulaciones de las plazas de Tampico y Doña Cecilia, Tamaulipas, por el brigadier español Isidro Barradas, quien el 26 de julio anterior llegó a México procedente de Cuba, con la intención de reconquistar el país, hoy se firman los documentos entre éste y sus vencedores, los generales López de Santa Anna y Manuel Mier y Terán, en Pueblo Viejo, Veracruz.
1832. Don Juan Álvarez, preclaro defensor del federalismo, firma en Chilpancingo, (hoy Guerrero), un pacto de unidad con don Nicolás Bravo (adepto al grupo conservador), para luchar en contra del centralismo del presidente Bustamante, quien días antes se separó del cargo para mandar personalmente al ejército y combatir los pronunciamientos habidos en su contra, principalmente el de Santa Anna, que se sublevó en Veracruz desde enero de 1831.
1842. El general mexicano Adrián Woll quita a los separatistas tejanos la plaza de Béjar, al otro lado del Río Bravo.
1847. Ante el acoso a la ciudad de México por los invasores norteamericanos, el gobernador del Estado de México, don Francisco M. Olaguíbel, reúne gente en Toluca y este día llega a Santa Fe. Distrito Federal, con setecientos hombres para colaborar en la defensa de la capital de la República.
1863. Fuerzas imperialistas al mando del general Montenegro toman la plaza de Acapulco, Guerrero, y su ocupación durará hasta la caída del imperio en Querétaro en 1867.
1875. Se inaugura en la ciudad de México la Academia Mexicana de la Lengua.
1955. Fallece el distinguido hidalguense don Alfonso Cravioto, literato, periodista, diputado constituyente de 1917, senador de la República, diplomático, director general de Bellas Artes y subsecretario de Educación Pública.
2007. En una jornada histórica, diferentes Comisiones de la Cámara de Senadores invitan a representantes y portavoces de las concesionarias de radio y televisión en México a una sesión para resolver dudas sobre la Reforma Electoral, que comenzaría su cadena de aprobación en ambas Cámaras apenas al día siguiente. Los concesionarios, si bien jamás participaron en la consulta pública sobre el tema que se abrió en el Senado desde el mes de abril, aprovecharon la oportunidad y con el arma mediática buscaron encañonar al Senado, el cuál no fue intimidado -gracias a la posición unánime de los tres grandes partidos- pese a que se hizo una transmisión en vivo y sin cortes de la sesión en los principales canales y la mayoría de las estaciones de radio. Fue un evento que no pudo pasar desapercibido y en que los empresarios se quisieron hacer pasar por víctimas. La argumentación de las grandes concesionarias era truculenta, pues argumentaban que el cambio a los artículos constitucionales limitaba radicalmente la 'libertad de expresión', argumento tirado por los suelos tanto por los senadores -quienes como respuesta hicieron más clara la redacción de uno de los artículos para no 'coartar' la libertad de expresión-, como por los más respetados comentaristas políticos del país en los medios impresos -contra-argumentando que tal 'grito' era infundado y buscaba eliminar la reforma del todo. Por otro lado, ¿cómo podemos hablar de una 'limitación a la libertad de expresión' cuando no todos gozamos de igualdad en el acceso a la publicidad de la radio y la televisión, ya sean Organizaciones de la Sociedad Civil pequeñas y apartidistas o incluso los partidos políticos más pequeños? La reforma electoral parece limitar esos abusos y hacer las cosas más parejas, pero reitero, parece. Los grandes medios buscaron una segunda defensa contra la reforma, argumentando esta ocasión que la limitación en tiempos televisivos y la regulación de la publicidad partidista en medios era una afrenta contra los pequeños concesionarios. La respuesta de intelectuales a este argumento fue todavía más cruda: ¿Cuándo los grandes concesionarios y empresarios se habían preocupado por el pequeño concesionario, sobre todo cuando apoyaron recientemente la excluyente Ley Televisa? La incongruencia de los concesionarios dejó en clara su verdadera motivación: el no querer sacrificar el 'mercado electoral', del cuál han resultado los más grandes beneficiarios en los últimos años, con un crecimiento exponencial de la demanda de espacios publicitarios para comercializar candidatos. Es decir, pretenden mantener un privilegio irregular sobre una concesión que, a fin de cuentas, es propiedad de la nación, no de los empresarios, y peor aún, pretenden hacerlo disfrazados de adalides de los derechos de los mexicanos. Al final de la semana los medios buscarían un amparo, pero el round lo había ganado la nación.
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